El diputado popular quiere hacer caja también con su despido
Bosch demanda al Ayuntamiento de Boadilla por su destitución tras ser imputado en la Gürtel
Es el colmo de la caradura. El diputado popular Alfonso Bosch Tejedor, que fue destituido como gerente de la Empresa Muncipal de la Vivienda tras ser imputado por varios delitos de cohecho y tráfico de influencias, pretende ahora que el Ayuntamiento le indemnice por despido improcedente. Según la demanda presentada a la que ha tenido acceso la Cadena SER, este aforado madrileño que figura como imputado en la trama Gürtel, pide la mediación de la Comunidad de Madrid para que se le restituya en su puesto de trabajo o, en su defecto, que se le indemnice. De ser considerado un despido improcedente, en total podría cobrar 43.000 euros de indemnización.
La reclamación, según explica la cadena de Prisa, fue presentada hace dos semanas ante la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid. El acto de conciliación tendrá lugar el próximo lunes.
Más de 5.000 euros mensuales
El diputado pide también que se le pague el salario no percibido en este tiempo. La demanda ha servido además para saber que cobraba del erario público nada más ni nada menos que 5.123,98 euros brutos mensuales.
Objetivo, sacar tajada
En su momento, cuando el alcalde de Boadilla del Monte, epicentro de la trama corrupta, le reclamó que dimitiera de su puesto en el municipio, Bosch Tejedor se negó según confirmaron a El Plural fuentes conocedoras del asunto. Su intención era ser despedido con el fin de cobrar una indemnización.
Nombrado a dedo por El Albondiguilla
Alfonso Bosch fue nombrado a dedo por el anterior alcalde, Arturo González Panero, también imputado en la trama Gürtel, en sustitución del también imputado Tomás Martín Morales, conocido hasta entonces como el acalde en la sombra de Boadilla. Este último se fue a Arganda, otro de los municipios madrileños implicados en la red Correa. La cercanía entre Bosch y Panero, más conocido como El Albondiguilla era tal que le hizo Secretario General del PP local en diciembre de 2008 y aspiraba a sustituirle como alcalde en las próximas elecciones municipales.
250.000 euros de la trama
Alfonso Bosch fue el primer aforado madrileño en ser imputado por el juez Baltasar Garzón. Según el auto del magistrado, durante su etapa como gerente de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla, se llevó supuestamente de la red de Correa al menos 250.562 euros por facilitar determinadas operaciones. En una de las conversaciones que forman parte del sumario se le define como uno de los "malos".
Suspendido en el PP pero sigue de diputado
Pese a haber sido destituido de sus cargos públicos y suspendido de militancia en el PP de Madrid, Bosch sigue conservando su puesto como diputado regional en la Comunidad de Madrid.
La asociación Correcaminos, principal defensora del carácter público del Camino Histórico de El Escorial, que pasa por la finca del hermano de Esperanza Aguirre "La Granjilla", ha tachado de "indecente que el Ayuntamiento y la Comunidad hayan desistido" de mantener un recurso contra éste en el Supremo.
La noticia, publicada hoy en el diario "El País", ha provocado las protestas de Correcaminos, que además ha acusado de "mentir" al diputado del PP y edil del El Escorial Ignacio González Velayos, por cuya finca también pasa ese camino.
El portavoz de Correcaminos, Lucas Reguilón, ha explicado que esta asociación no se personó en el recurso, puesto que "los presentados por ambas administraciones defendían la titularidad pública" y, por tanto, se sentían "representados".
Reguilón ha calificado de "bajada de pantalones" el desestimiento de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, "gobernadas por el PP en favor de la familia Aguirre", y ha advertido de que habrá movilizaciones.
Además, acusan al Ejecutivo local del PP, de haber "cedido a la insistencia" del diputado y edil Ignacio González Velayos, "sin dar cuenta de nada, por decreto de Alcaldía" y "beneficiando impune e indecentemente a la familia Aguirre".
Por su parte, González Velayos ha defendido que la Comunidad de Madrid "no tiene nada que ver", ya que "nunca ha estado personada en el Tribunal Supremo", sino sólo "el Ayuntamiento y los propietarios de las fincas de La Granjilla y Canalejas".
González ha querido recordar que este litigio parte en 2003 de "una orden de la Consejería de Economía que consideraba que la vía número 4, denominada vereda del Camino Real de Madrid, era innecesaria en toda su longitud y anchura", a la que se presentaron alegaciones, que fueron desestimadas, y un contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Según ha explicado, éste "fue interpuesto por la propiedad de las fincas" en un momento en el que el titular de La Granjilla "era Fernando Puig de la Bellacasa, secretario de Estado del Ministerio de Fomento", y hubo una sentencia que "acreditaba" que el camino en cuestión "no era un camino público".
Ha señalado que "ante la contundencia de esta sentencia" y el "alto coste económico" que supone un recurso ante el Tribunal Supremo, "el Ayuntamiento ha estimado que no existe ningún tipo de documentación, ni histórica, ni arquitectónica, ni urbanística para seguir manteniendo que eso es un camino público".
http://www.adn.es/local/madrid/20090501/NWS-0961-Ayuntamiento-Escorial-Aguirre-Acusan-desistir.html
El Tribunal Supremo ha archivado una causa contra Santiago Aguirre, hermano de la presidenta regional. La razón es que el Ayuntamiento de El Escorial (PP) y la Comunidad de Madrid han desistido ahora del recurso, que defendía la titularidad pública de un camino que pasa por La Granjilla, una finca del hermano de Aguirre. El anterior gobierno del municipio, una coalición de izquierdas, había presentado un recurso de casación ante este tribunal.
Ecologistas en Acción, Entorno Escorial, Coordinadora Salvemos la Sierra y Grupo Correcaminos denuncian que este este hecho implica "una escandalosa actuación de la Comunidad de Madrid para defender los intereses del hermano de la presidenta".
Una orden autonómica de 2003 había clasificado el camino que pasaba por la finca como vía pecuaria. Los titulares (entonces varios miembros de la familia Aguirre) la recurrieron, y en 2006 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dispuso que dicha vía no transcurría por el terreno. El Ayuntamiento de El Escorial -gobernado por una coalición de izquierdas- y la Comunidad presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Ignacio González Velayos, concejal de Urbanismo de El Escorial, justifica el desestimiento municipal del recurso por la sentencia del tribunal madrileño. Este periódico intentó, sin éxito, obtener la versión de Santiago Aguirre.
